De acuerdo a diversos sondeos de opinión pública en Chile, la delincuencia ha sido una de las preocupaciones centrales de la ciudadanía en Chile (Fundación Paz Ciudadana, 2015). Frente a ello, la idea de que la cárcel es una respuesta eficaz al crimen ha ido ganando adeptos en la ciudadanía y en la clase política, configurándose crecientes escenarios favorables al llamado populismo punitivo, que enfatiza el castigo (y no la reinserción) como herramienta para la lucha contra la delincuencia y que suele omitir las condicionantes sociales del delito (Morales, 2012; INDH, 2013; CESC, 2015; Kliksberg, 2006).
Uno de los resultados de esta política criminal más punitiva ha sido el incremento de la población penal, el deterioro de las ya problemáticas condiciones carcelarias, un aumento creciente de los costos asociados al sistema penitenciario y la imposibilidad de romper el círculo de reincidencia delictual (Oliveri, 2011; Consejo para la Reforma Penitenciaria, 2010; CESC, 2015).
Mertz (2015) ha señalado que a pesar de que el sistema penitenciario chileno parece gozar de una cierta buena reputación en la región, este no deja de ser precario al ser comparado con la realidad de países más desarrollados. En efecto, las cárceles chilenas enfrentan una serie de problemas relacionados a sobrepoblación y hacinamiento, infraestructura deficiente, violencia entre internos, maltrato institucional de guardias a reclusos (INDH, 2013), escaso acceso a programas de reinserción (Espinoza, Martínez y Sanhueza, 2014), muy limitada capacidad de rehabilitación de las personas privadas de libertad (Fundación Paz Ciudadana, 2016). Además de ausencia de una adecuada asistencia jurídica y de condiciones mínimas de necesidades básicas, tales como salud, alimentación u otras (Sanchez & Piñol, 2015).
Asimismo, en términos del costo que significa para el país, se estima que el sistema carcelario –solo considerando lo que representa Gendarmería de Chile—equivale a más de 420.000 millones de pesos chilenos, el cual además ha venido creciendo a una tasa anual superior al 10% para casi todos los años desde 2006 a la fecha. En otras palabras, parece tratarse de un sistema penitenciario caro e ineficaz.
Este contexto de precariedad institucional interactúa con altos niveles de exclusión social de la población privada de libertad (Paz Ciudadana, 2016; Wacquant, 2013), generándose altos niveles de reincidencia delictual (estimados entre 42-50% según el estudio que se considere), instalándose como uno de los más graves desafíos que enfrenta el país pues afecta de manera trasversal no solo a las personas privadas de libertad y sus derechos humanos, sino que también a las propias comunidades donde estas personas retornan una vez que dejan la prisión y a la sociedad en general (Gendarmería de Chile, 2013; Fundación Paz Ciudadana, 2016; Espinoza, Martínez y Sanhueza, 2014).
Postula y se parte del equipo activo en este Núcleo I+D del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.
